Popularidad sin frenos: el camino de Bukele hacia el poder absoluto

10 de abril de 2023, Blanca Gutiérrez, de pelo cano y espalda encorvada, está sentada en una silla de plástico en la calle Concepción de San Salvador. Blanca se encuentra a la espera en frente de la sede de las Sección de Servicios Extraordinarios, una institución que todos conocen con el sencillo nombre del "Penalito”. Desde que se decretó el régimen de excepción en El Salvador, el Penalito se ha convertido en la segunda casa de innumerables personas, casi todas ellas mujeres. ¿El motivo? Se trata del único lugar de San Salvador desde donde se liberan presos. Un día sí y uno no, llegan buses de la atestada cárcel de la capital. Cada uno de ellos puede ser un rayo de esperanza ya que a bordo podría estar un familiar a punto de ser excarcelado. Esta peregrinación hacia la calle Concepción se convierte en una rutina de muchas familias; si un preso llega para ser liberado pero no hay nadie esperándole, será devuelto a la cárcel. Son 6 los familiares a los que espera y por los que teme Blanca, y los motivos de su arresto serán desvelados más adelante. Por desgracia para Blanca, esa noche tampoco ha habido suerte, ningún preso será excarcelado en el Penalito. Una horda de madres, hermanas, esposas y abuelas recoge sus sillas de plástico, empacan sus pertenencias y retoman el camino de vuelta de su peregrinación diaria.

Cuando el presidente Nayib Bukele tomó su cargo por primera vez, al igual que hicieron sus antecesores, adoptó una política de apaciguamiento con las pandillas. Los Gobiernos negociaban con cierta periodicidad con los líderes de las maras encarcelados. A cambio de algunos privilegios penitenciarios, de liberar algunos capos y de no tocar sus estructuras, las maras mantenían a raya la violencia. Cuando alguno de esos acuerdos se rompía, llegaban olas de asesinatos hasta alcanzar una nueva tregua. Un equilibrio muy precario que se conservó durante años. Sin embargo, entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, las maras asesinaron a 87 personas, la mayoría civiles. Entonces el equilibrio se rompió y Bukele dictó el régimen de excepción con el consentimiento de la Asamblea Legislativa y el Congreso salvadoreño. De esta forma, quedaron suspendidas 3 garantías constitucionales: el derecho a la libertad de reunión y asociación; el derecho a la defensa; y la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones. Además, se amplió a 15 días el plazo en el que una persona puede estar detenida sin comparecencia ante el juez. Esto era la teoría, pero en la práctica, se instauró un Estado policial omnipotente. La primera ola de represión fue exitosa, militares y policías entraron en las poblaciones más conflictivas y detuvieron a miles de pandilleros. Un factor convirtió esta misión en algo sencillo; y es que resulta que la mayoría de los integrantes de las maras llevan su rostro y cuerpo cubierto de tatuajes. Una parte fundamental de su rito de iniciación, ya que el compromiso con la mara es de por vida. Con el paso de los días, el asunto se fue haciendo cada vez más complejo. Con la mayoría de pandilleros arrestados o fugados, el blanco de las redadas se volvió cada vez menos obvio. Sin embargo, la exigencia sobre los hombres en el terreno era la misma: debían seguir arrestando. El representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía o Sindicato de Policías como se le conoce coloquialmente, denunció la existencia de cuotas de arresto que cada delegación policial debe cumplir a rajatabla. Un informe de Human Rights Watch constató que: “se implementó un sistema de cuotas para capturar un número determinado de personas al día”. Apurados por estas cuotas, los policías y militares usan criterios “laxos” para arrestar a los salvadoreños.

La Sección de Servicios Extraordinarios o Penalito en San Salvador (Fuente: elsalvador)

Aunque las causas de la mayoría de los arrestos son secretas, el periódico digital salvadoreño El Faro consiguió acceso a 690 expedientes, de los que 518 eran acusados de “poseer ficha como miembro” de una pandilla. No obstante, en ninguno de estos informes se especifica la evidencia que sustenta esta afirmación, ni se aclara cuando se elaboró esa supuesta ficha. Se les acusa de estar acusados. ¿Con qué evidencia? Un misterio. Otros motivos de las restantes detenciones se describen como “apariencia sospechosa”, “sospechoso” o simplemente "nervioso" . Los policías también declaran haber obtenido información de las redes sociales o de denuncias anónimas. Este tipo de denuncias se han convertido en parte de la vida cotidiana de los salvadoreños. Basta con una simple llamada de un vecino molesto para aumentar la lista de los “señalados” susceptibles de ser arrojados a las cárceles del régimen. Con la presión a la que se someten los policías con sus cuotas de arresto, los señalamientos les vienen como anillo al dedo. ¿Para qué perseguir pandilleros reales si se pueden cumplir las cuotas capturando civiles? Y si de una sola vez se pueden arrestar a varios (amigos, una pareja, o una familia completa), tanto mejor.

Manuel Gutiérrez, uno de los hijos de Blanca que trabajaba con una lancha transportando turistas, explica cómo dos agentes de policía le abordaron y le pidieron que les transportara. Cuando llegaron a su destino, los agentes le comunican a Manuel que debía acompañarlos a la delegación policial junto a un amigo suyo que, casualmente, realizaba el mismo viaje. “Ustedes no son pandilleros, van por el régimen” les explicó con calma el oficial. De la delegación pasaron a la cárcel, donde los gendarmes les dieron la bienvenida con una paliza con la que lo dejaron vomitando sangre. Manuel también añade que vio morir a varios presos como consecuencia de las continuas palizas. Tras los 15 días de arresto pertinentes con el régimen de excepción, Manuel llegó al fin a la audiencia ante un juez de forma telemática y sin defensa, junto a otros 62 acusados. A través de la televisión, un fiscal recita un cargo genérico contra todos los acusados: “pertenencia a asociaciones ilícitas”. Aunque en ocasiones algunas ONG consiguen colar un abogado defensor, no sirve para nada, ¿Cómo defender en una sola audiencia telemática hasta 200 personas contra las que no hay evidencias ni cargos específicos? La pantomima jurídica suele acabar casi siempre igual. El juez declara que los arrestos son legales y que los presos quedan sometidos a una detención que, gracias al régimen de excepción, puede extenderse por 2 años sin necesidad de presentar cargo alguno. Sin plazos, sin audiencias, sin evidencias, la vida de los presos queda sujeta a una completa arbitrariedad. Manuel pasó 11 meses en el infierno, en una celda con 95 personas hacinadas, mezclando pandilleros y civiles. “Habría un 25% de pandilleros, el resto inocente. Gente que no debía nada. Y que murió sin deber nada” recuerda Manuel. El fin de su pesadilla fue tan arbitrario como su comienzo. Un buen día se lo llevaron de la celda para someterlo a la prueba del polígrafo, ¿por qué a él? no había explicación, se limitaron a decirle que se hacía por sorteo. Manuel pasó la prueba del detector de mentiras y fue liberado, pero miles como él continúan pudriéndose en la cárcel. Aunque Manuel ahora esté libre, la policía le “requisó” su lancha como “evidencia”. Aun así, se siente afortunado.

Policía Nacional Civil de El Salvador (Fuente: Infodefensa)

La familia de Blanca y Manuel pertenece a la pequeña isla Espíritu Santo, en la zona este del país, que suele identificarse históricamente como la isla a la que llegó Cristobal Colón el 12 de octubre de 1492. Una isla en la que viven unas 1.000 personas y que sobreviven gracias a una cooperativa encargada de la recogida de cocos para la producción de aceite, a la pesca de subsistencia y al turismo (como el caso de Manuel y su lancha). La presencia de bicicletas tiradas por el suelo es la mejor evidencia de que la delincuencia allí no existe. Y es que la bicicleta es el producto de mayor valor que podrían robar a alguien de esa isla, junto con los pollos y las gallinas. Pese a la pobreza y la precariedad, desde la guerra civil de los 80, existe un puesto de vigilancia donde un guardia chequea identidades, motivos de la visita y quien es el familiar o amigo que está invitando al foráneo; una evidencia más de que la violencia es prácticamente inexistente en la isla. A pesar de ello, entre el 13 de mayo y el 18 de julio de 2022, 22 vecinos de la isla fueron arrestados en incursiones nocturnas en las que iban tocando las puertas de las casas y arrestando a todo aquel que respondía. Arrestos que en realidad eran secuestros: sin órdenes judiciales, sin evidencias, sin más explicación que aquella que ya se ha vuelto una muletilla entre los salvadoreños: “Se lo llevaron por el régimen”. No hay mucho más que entender, no hay mucho más que explicar. Otros habitantes de la isla como Andrés Guzmán cuentan historias igual de desgarradoras. Andrés trabaja para la empresa familiar en el comercio de materiales de construcción y pasó 9 meses en prisión en los que perdió, nada más y nada menos que 40 kilos de peso. ¿El motivo de su arresto? Colaboración con las maras. Pero esta presunta colaboración no era una cooperación al uso, sino una respuesta a la extorsión. “Quizás no ha habido comerciante en el país que no pague extorsión, desde una tortillería hasta grandes empresas, empresas transnacionales” recuerda el presunto colaborador. La amenaza si no pagaba, era la muerte. Así que ahí estaba el dilema al que se enfrentó Andrés, o ceder a la extorsión para salvar su vida y acabar 9 meses en prisión, o negarse y pasar a engrosar la abultada lista de cadáveres de las maras. ¿Qué hubieras hecho tú?

Entre 1979 y 1992, El Salvador se hundió en una cruenta guerra civil en la que se enfrentaron una guerrilla marxista, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y una dictadura militar. La primera recibió apoyo y armas de Cuba y Nicaragua, mientras que la segunda fue respaldada por EE.UU. El Salvador se convirtió en otro escenario secundario de la Guerra Fría, un peón en un escenario global de la partida de ajedrez geopolítica mundial. Desde la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional ante la dictadura de Somoza en Nicaragua, EE.UU. empezó a apoyar y armar a los otros dictadores centroamericanos para que resistieran en el poder. Muchos de estos países fueron asolados por la miseria tras las fratricidas guerras civiles financiadas por países que nada tenían que ver con esas naciones. Como consecuencia, miles de militares y guerrilleros fueron desmovilizados con acceso a armamento y arrojados a un mundo en el que su único conocimiento era como usar sus armas. Estos países (Guatemala, Honduras y El Salvador) se convirtieron en poco tiempo en el triángulo de la muerte, un entorno de violencia extrema cuyo máximo llegó en 2010, con unas cifras en torno a los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifras mayores que las registradas en muchas zonas de guerra. Mientras El Salvador se hundía en una orgía de guerrillas, crímenes y represión, muchos salvadoreños huyeron al exilio, en especial a EE.UU. A medida que una comunidad salvadoreña creció en California (donde el idioma era favorable), muchas familias emplearon sus escasos ahorros para enviar a sus hijos, niños y adolescentes a Los Ángeles. Sin embargo, estos adolescentes desarraigados en una tierra extranjera, pronto recurrieron a la violencia. Pasaron de víctimas a victimarios. Imitando a las pandillas mexicanas que controlaban el hampa de los barrios latinos de Los Ángeles, los jóvenes salvadoreños crearon sus propias bandas. Los Stoners de la Mara Salvatrucha fueron la primera encarnación de lo que luego se convertiría en la Mara Salvatrucha-13 o MS-13 (el número 13 viene de que la “m” es la decimotercera letra del abecedario). Pronto la MS-13 entró en conflicto con una pandilla salvadoreña rival, la Barrio 18. A consecuencia del aumento de la violencia, el gobierno estadounidense inició un programa de expulsión masiva, con lo que estos jóvenes (unos 20.000) convictos por delitos como robos y homicidios, y nacidos en El Salvador, pero crecidos en Los Ángeles, fueron deportados en masa a su país natal. Tras la guerra civil, que acabó con el 2% de la población (75.000 muertos), el Estado era débil y estaba carcomido por la corrupción, un caldo de cultivo perfecto para que los jóvenes deportados continuaran con sus actos delictivos. Tras la guerra civil, la mayoría de los presidentes previos a Bukele están encarcelados por corrupción o exiliados a países vecinos por idéntico motivo. Estas corruptelas esquilmaron tanto El Salvador que, a día de hoy, la mayor fuente de ingresos se basa en las divisas que envían a sus familias los salvadoreños emigrados a Norteamérica o Europa. Un país lleno de pobreza con un PIB nominal per cápita que solo supera a países de la región aún más devastados por la miseria como Haití, Honduras o Venezuela. Un terreno baldío en el que las maras encontraron suelo fértil para crecer.

Pandilleros de la Mara Salvatrucha o MS-13 detenidos (Fuente: BBC)

Aunque las maras, con sus miembros llenos de tatuajes, sean el símbolo más terrible de la violencia que azota América Latina, no tienen la sofisticación ni las redes de poder que algunos imaginan. No tienen nada que ver con los lujos de Pablo Escobar o el Chapo, ni disponen del equipamiento que muestran los cárteles mexicanos. Lo primero que ofrece una mara a sus integrantes, no es ni el dinero ni la fama, sino un sentimiento de pertenencia similar al que pueden ofrecer las religiones o las hinchadas de equipos de fútbol. Su atractivo es sociocultural, no económico. Cuando vives en un país en miseria donde las aspiraciones de los jóvenes se centran en aprender inglés para trabajar en un “call center” o en fábricas textiles durante jornadas de 12 a 16 horas, la vida delictiva de la mara puede no parecer tan mala idea. Los postulantes para acceder a las “clicas”, como se conoce a cada mara local, primero deben trabajar como "postes" (vigilantes encargados de monitorear la actividad de policías, civiles y maras rivales), luego como "chequeros", dedicados a la intimidación y el pillaje. En caso de resultar de utilidad para la mara en estas labores, el postulante podrá realizar la ceremonia de iniciación conocida como “el brinco”, en la que además de los tatuajes, también requiere algún acto de valor como soportar una paliza o cometer un asesinato. En caso de superar esta ceremonia, el postulante se convierte en un “homeboy”, un pandillero en toda regla. En cuanto a la estructura económica de la mara, depende del territorio que controlan, en donde puedan ejercer un dominio sobre sus vecinos a través de las extorsiones. Aunque también se pueden encargar de manejar negocios locales como la venta de gasolina o la distribución de agua embotellada. Para ello, suelen asesinar a comerciantes locales que pretenden competir con ellos. Lógicamente, también participan en los negocios de distribución y tráfico de drogas, pero su presencia en estos ámbitos es mínima en comparación con los cárteles mexicanos.

La rápida proliferación de estas pandillas por muchas ciudades y barrios de El Salvador, provocó una guerra entre maras en estas zonas, con la consiguiente muerte de civiles. Por ejemplo, en la colonia Las Flores, el control de la MS-13 era absoluto. Nadie podía entrar o salir sin un permiso de los pandilleros, y en caso de que viniera un familiar de visita se debía informar a la mara de su presencia. Incluso las ambulancias o los camiones de bomberos se encontraban con problemas para circular libremente. Entre los territorios controlados por distintas pandillas, se creaban fronteras invisibles que dividían San Salvador y debían respetarse de manera escrupulosa. Todos tienen una historia de un familiar o un conocido que fue a visitar a una novia o un amigo a un barrio ajeno, o se quedó dormido en el bus y despertó en una colonia prohibida, y como el descuido le costó el susto de su vida o la vida misma. Los habitantes de los barrios conflictivos, en los que las maras se pelearon por establecer su control, temen incluso mencionar el nombre MS-13 o Barrio 18, ya que estas palabras, frente a una persona equivocada puede resultar en una ofensa que solo pueda lavarse con sangre. Por ello, los habitantes de estos barrios emplean las palabras “las letras” para referirse a la MS-13 o “los números” para referirse a la Barrio 18.

Durante los gobiernos previos a los de Bukele, los diversos predecesores del actual presidente, se enfrentaron a las maras con planes tan propagandísticos como inútiles. Por ejemplo, el Plan Mano Dura (2003-2004) y el Plan Súper Mano Dura (2004-2009) del gobierno derechista de Antonio Saca (del partido Arena). Sin embargo, durante la aplicación de estos planes el índice de homicidios se duplicó, de 36 a 71 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En 2009, tras 20 años en el poder, Arena perdió frente al FMLN, en unas elecciones en las que los exguerrilleros prometieron acabar con la pobreza, generar justicia social, poner fin a la corrupción y reducir el poder de las maras. No cumplieron ninguna de sus promesas y el “peak” de la violencia se alcanzó en 2011. Ese año, la capital (San Salvador) registró 1.343 homicidios, uno cada 6 horas. Ante semejante situación, el Gobierno de Mauricio Funes, decidió negociar con los líderes de la Barrio 18 y la MS-13 encarcelados en las prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca. A cambio de suspender las represalias y los enfrentamientos entre pandillas, las maras recibieron una serie de beneficios: varios pandilleros liberados, tratado preferencial en las prisiones con televisiones de plasma, comida especial y fiestas con mujeres en el interior de las prisiones. La Tregua, como se conoció al pacto, logró reducir a la mitad los homicidios en 2012, pero representó una rendición por parte del Estado ante el control de las maras. Cuando la prensa desveló las condiciones de la Tregua, cundió la indignación, y el vicepresidente de Funes, Salvador Sánchez Cerén, se distanció del pacto y ganó las elecciones de 2014 prometiendo instaurar mano dura ante la violencia de las maras. Los primeros efectos de la guerra contra las pandillas fueron desastrosos. En 2015, se reportaron 105 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiendo a El Salvador en el país sin guerra abierta con más asesinatos del mundo. A partir de ese máximo, las cifras comenzaron a bajar. La acción militar desarticuló varias pandillas y para 2019, cuando Bukele ganó las elecciones, los homicidios se habían caído a un tercio (37 por cada 100.000 habitantes), y San Salvador había salido de la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Sin embargo, los salvadoreños estaban hartos de la corrupción y de la violencia, y ese descontento se recogió en un hombre moldeado para la ocasión: Nayib Bukele.

Mauricio Funes, Presidente de El Salvador entre 2009 y 2014 por el FMLN (Fuente: SWI)

Armando Bukele, el padre de Nayib, descendiente de inmigrantes palestinos, era una hombre multifacético: padre de 10 hijos, fundador de la primera mezquita de San Salvador, ingeniero químico, empresario de éxito y columnista televisivo; un influencer de la era analógica. Su intelecto era tal, que su hijo Nayib incluso afirmó que había estado nominado al Premio Nobel, pero esto no era nada más que puro marketing, no existe ninguna evidencia de ello. De esta forma, Nayib creció en una dualidad: pertenecía a una clase acomodada como heredero de una pequeño imperio económico, pero al mismo tiempo miraba con desconfianza a la élite tradicional, conservadora y católica del país. Tras iniciar sin concluir la carrera de Derecho, Bukele adquirió varios de los negocios con más glamour del entramado empresarial de su padre: centros nocturnos y concesionarios de motos Yamaha. Además, también heredó la influencia política de su padre, ya que un íntimo amigo suyo era el líder del Partido Comunista de El Salvador. De esta forma, tras la guerra y con el FMLN convertido en un partido político, las campañas electorales del FMLN quedaron en manos de la agencia publicitaria de los Bukele. A sus 18 años, Nayib asumió el liderazgo de la agencia. Aprovechando su posición privilegiada, Bukele se impuso como candidato del partido para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, enfrentándose al postulante elegido por las bases locales, un pastor evangélico. Como candidato, empleó la riqueza de su familia para financiar la campaña electoral, repartiendo efectivo y canastas de alimentos, pavimentando las calles e instalando alumbrado. Era evidente que el pastor evangélico tenía todas las de perder. Y así fue, en 2012, a sus 31 años, Bukkele fue elegido como alcalde de Nuevo Cuscatlán por el FMLN. “Soy de izquierda radical porque quiero cambios radicales en El Salvador” con esta frase se definía Bukele tras su nombramiento. Nuevos parques, clínicas gratuitas, becas para jóvenes, canastas de alimentos para personas mayores… fueron algunas de las medidas tomadas por Bukele en Nuevo Cuscatlán. Sin embargo, este milagro se apoyó en un fuerte endeudamiento: entre 2011 y 2014, la deuda municipal de Nuevo Cuscatlán se disparó un 320%. También obtuvo una cuantiosa ayuda de los petrodólares del chavismo, que a través de la alianza Petrocaribe, lanzada en 2005 por Hugo Chávez, permitía la entrega de petróleo a un precio preferencial a los gobiernos aliados, además del financiamiento de la construcción de oleoductos y plantas hidroeléctricas. Aunque cuando gobernaba el partido derechista Arena, El Salvador no era parte de los beneficios de esta alianza, los municipios en los que gobernaba el FMLN no se quedaron fuera de la fiesta de los petrodólares. Así nació Alba Petróleos, una empresa formada por la Asociación Intermunicipal de Energía para El Salvador (Enepasa) junto a una filial de PDVSA. A cargo quedó el José Luis Merino, un exguerrillero del FMLN que convirtió a esta nueva empresa en una aceitada maquinaria de corrupción. Alba Petróleos creó una intrincada red de empresas de las cuales 23 han sido investigadas por lavado de dinero. Una de ellas, Inversiones Valiosas de El Salvador (Inverval) entregó 2.000.000 dólares a Bukele en su periodo como alcalde y otros 3.000.000 dólares a Obermet, la empresa publicitaria de los Bukele. Pero este dinero no cayó en saco roto para Inverval, ya que recibió permisos para hacer inversiones valiosas en el municipio de Bukele: desarrollos urbanísticos de lujo o proyectos de suministro de aguas. De hecho, en investigaciones posteriores, ejecutivos de Inverval admitieron realizar pagos de medio millón de dólares para que sus proyectos estuvieran eximidos de pagar impuestos. Bukele necesitaba mucho dinero, ya que la alcaldía de Nuevo Cuscatlán no era más que un trampolín para su salto a la fama.

Tras 3 años en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, Bukele dio el salto a la alcaldía de la capital, San Salvador, todavía como candidato del FMLN. Gracias a su estilo arrollador basado en sus anuncios impactantes pensados en clave de marketing, la popularidad de Bukele subió como la espuma. Gracias a su imagen de ejecutivo joven, rebelde con causa y outsider capaz de obrar cambios a gran velocidad, su figura adquirió gran notoriedad entre la población salvadoreña, cansada de la corrupción y la violencia de la política tradicional. Sin embargo, debido a resistencia en la dirigencia más tradicional del FMLN, Bukele no podría acceder a la presidencia en un espacio breve de tiempo, por lo que tras una serie de episodios de rebeldía contra el partido, obviamente intencionados, fue expulsado. Tan solo unos día después de abandonar el FMLN, Bukele acusó a su partido de ser una “maquinaria electoral al servicio de las oligarquías” y declaró: “Estamos hartos de la partidocracia, estamos hartos de Arena y estamos hartos del FMLN”. Bukele bautizó a su movimiento personalista como “Nuevas Ideas” aunque para ser candidato usó como vehículo electoral a GANA (Gran Alianza para la Unidad Nacional), un pequeño partido de derechas acusado de vínculos con los narcos. En febrero de 2019 ganó la presidencia con el 53% de los votos. Y en el poder se hizo notar de inmediato. Se acostumbró a dar instrucciones, reprender e incluso despedir a sus ministros a través de Twitter (ahora X), con lo que pronto se ganó un ejecutivo de fieles dispuestos a alabar cada una de sus decisiones y acusar a quien le apuntara como blanco. Haciéndose un selfie en una Asamblea General de la ONU, Bukele copó las portadas de periódicos de todo el mundo. Todos querían conocer al “presidente millenial”, al rockstar que había puesto a El Salvador en el mapa. Mientras tanto, Bukele iniciaba el camino para erigirse como dictador.

Bukele celebrando su victoria en las elecciones a la presidencia de El Salvador en 2019 (Fuente: AA)

En febrero de 2020, la Asamblea Legislativa (el Congreso unicameral de El Salvador) bloqueó un préstamo de 109.000.000 dólares que Bukele pedía para invertir en seguridad. Entonces, Bukele decidió enfrentarse a los partidos tradicionales del país. En su comparecencia, Bukele empleó un discurso que mezclaba a Dios, el pueblo y las Fuerzas Armadas del país, elementos presentes en toda sopa autoritaria de la historia de América Latina. Y precisamente eso fue lo que hizo, Bukele irrumpió en el Salón Azul (el hemiciclo de la Asamblea Legislativa) junto a un grupo de militares armados y una minoría de diputados oficialistas, se sentó en la testera, hizo sonar la campanilla y comenzó a rezar. Luego, salió del Salón Azul para hablar a la multitud expectante: “Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón. Yo le pregunté a Dios, y Dios me dijo: “Paciencia. Paciencia”. Bukele había decidido no apretar el botón de la dictadura… todavía. Los militares desalojaron el edificio de una asamblea que había quedado desprovista de cualquier poder real.

Por incongruente que parezca, el amago de autogolpe de Estado no hizo más que aumentar su popularidad. Al año siguiente, los candidatos oficialistas de Bukele arrasaron en las elecciones legislativas, obteniendo 61 de los 84 escaños de la asamblea. De inmediato, en el nuevo congreso se inició un purga contra todos aquellos que hubieran osado limitar el poder del caudillo. Los 5 magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema fueron destituidos, los mismos que habían frenado por inconstitucionales algunas de las medidas de Bukele durante la pandemia. El Fiscal General, quien había iniciado investigaciones por denuncias de corrupción en contratos estatales y negociaciones con las pandillas, fue igualmente destituido, al igual que otros jueces que fueron relegados y apartados a localidades marginadas del país. Los nuevos magistrados, jueces y fiscales, saldrían todos de cuadros leales al régimen. Uno de estos jueces que sufrió estas “depuraciones” afirmó lo siguiente: “Se manipulan arbitrariamente los procesos para perseguir injustamente, de manera infundada, a enemigos, adversarios y opositores. A disidentes, a gente que eleva la voz”. ¿Qué tan caro puede resultar alzar la voz hoy en El Salvador? La verdad es que más de lo que imaginas. En mayo de 2022, Dolores Almendarez, la Secretaria General del sindicato del municipio de Cuscatancingo, preparaba una huelga municipal demandando mejores uniformes y sueldos más altos para los trabajadores. En los días previos, los concejales del municipio, dominado por el oficialismo, le hicieron llegar un recado: “Le tenemos una sorpresa bien bonita”. Luego, el viernes previo a la huelga, en medio de la noche, una patrulla irrumpió en su casa donde estaba junto a sus 5 hijos convaleciente de una lesión en el brazo. La llevaron a la delegación policial y le exigieron firmar un documento previamente redactado que reconocía su culpabilidad en delitos de extorsión y asociación ilícita. Dolores se negó. “Nunca he agarrado ni siquiera un centavo, nunca he estado ni fumando porque no me gustan los vicios, gracias a Dios, solo bailar” contó tras su arresto. Pasó 7 meses en diversas cárceles. Las primeras semanas, en un calabozo apretujada junto a otras 1.400 mujeres, y aunque la propaganda del régimen muestre algunas cárceles con un control exhaustivo por parte de los funcionarios penitenciarios, lo cierto es que la mayoría de presiones siguen bajo el control de las maras. “Ahí no mandan las custodias, ahí mandan las muchachas que ya son penadas, de la mara 18 y MS” declaró Dolores. Su audiencia de detención tuvo un formato ya conocido por muchos salvadoreños: 325 mujeres frente a un juez, sin evidencias ni cargos contra ellas. Y tras una fuerte campaña pública de amigos y familiares, Dolores fue liberada tal y como se la capturó: sin cargos ni evidencia alguna en su contra.

Cartel a favor de la liberación de la sindicalista Dolores Almendarez (Fuente: Facebook)

A pesar de historias como las narradas en este artículo, Bukele es inmensamente popular en El Salvador. Las elecciones las ha ganado el oficialismo por paliza, y recorriendo cualquier barrio salvadoreño se puede apreciar la admiración por su presidente. Con su inmensa popularidad y con la división de los poderes del Estado anulada y gobernada bajo su mano, Bukele decidió romper el último límite que le separaba para controlar el poder absoluto: el tiempo. Su mandato debía concluir el 1 de junio de 2024, y la Constitución de El Salvador es la más explícita del mundo en prohibir, con todos los candados imaginables, la reelección presidencial. En 80 años tras la dictadura de Maximiliano Hernández, ningún mandatario había buscado un segundo mandato consecutivo, y la Constitución se encargaba de ello de una manera tan estricta que resulta incluso ridícula, salvo que la violes de forma descarada. Y es precisamente lo que hizo Bukele. El artículo 152 de la Constitución dice: “No podrán ser candidatos quienes hayan desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior”. El artículo 248 establece: “No podrán reformarse en ningún caso los artículos relativos a la prohibición de la reelección”. Y el artículo 75 llega al extremo de castigar con la destitución de sus cargos y la pérdida de derechos ciudadanos a quienes apoyen la “reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”. De hecho, el propio Bukele había defendido muchas veces esta prohibición. Sin embargo, tras la purga de magistrados y jueces la operación de reelección se puso en marcha. Todos los nuevos magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema fueron elegidos por Bukele, y estos no tardaron en cumplir la voluntad de su amo. Y ojo a la lógica de su motivo, Bukele era candidato a la reelección porque “el periodo inmediato anterior, es en realidad el periodo presidencial previo al que se pretende ser candidato a la presidencia” Evidentemente no tiene ninguna lógica la motivación defendida por los magistrados. De hecho, el vicepresidente de Bukele, Félix Ulloa, parecía estar tratando de estúpidos a los salvadoreños cuando dijo que su jefe “No está buscando la reelección, sino un segundo mandato, que es muy diferente”. A pesar de la flagrantes violación de varios artículos de la constitución y de la condena internacional, la inmensa popularidad de Bukele lo ayudó a lograr la victoria con un arrollador 84,65% de los votos según el recuento oficial.

Sin embargo, varias leyes modificadas y varios artículos de la Constitución fueron violados en los meses previos a las elecciones. Para empezar, se modificaron las normas para que los salvadoreños residentes en el extranjero pudieran votar a través de internet, en vez de en forma presencial o por correo. Violando, una vez más, la Constitución en su artículo 77, que indica que para sufragar “es condición indispensable estar inscrito en el Registro Electoral elaborado por el Tribunal Supremo Electoral”. El propio Tribunal confesó que no tenía un registro de los electores, ni un sistema para verificar su cantidad. Tampoco hubo auditorías independientes del proceso. También resulta curioso que la cantidad de salvadoreños que votaron en el extranjero ascendió de 7.000 en las elecciones de 2019 a 320.000 en las elecciones de 2024. Y digo curioso porque Bukele obtuvo unos resultados en cuanto al voto exterior similares a los de Corea del Norte en sus elecciones, 99,78%. El colmo de la reelección se originó esa misma noche del 4 de febrero de 2024, cuando Bukele anunció por Twitter su reelección cuando aun se esperaba el primer boletín de resultados del Tribunal Supremo Electoral. Un poco antes Bukele cambió su nombre en Twitter por “Emperador de El Salvador”.

Bukele ha violado la constitución en varias ocasiones, ha desmantelado el Estado de derecho del país, ha gobernado y gobierna de manera autoritaria y ha desmantelado la separación de poderes para aunarlos todos bajo sus manos. Como mencionó el periodista salvadoreño Carlos Martínez al respecto: “Dame una sociedad en donde esto haya terminado bien. Paso revista mental: Perón, Fujimori, Ortega, Chávez, todos populares en un principio. Todos reelegidos por aclamación. Todos aprovechando ese apoyo para desarmar los contrapesos, torcer la ley a su favor, estrangular a la oposición, acallar la prensa. Hasta que, cuando los problemas se acumulan, la corrupción campea y la gente pide un cambio, se dan cuenta de que están enjaulados. Y que ellos mismos han entregado la llave a su carcelero”.

Artículo basado en: